Promoverá una ley de blanqueo laboral con el objetivo de máxima de generar "un millón de empleos formales". Se prevé avanzar con un impuesto a la renta financiera que gravaría los intereses de las personas físicas.
El gobierno nacional anunciará una agenda tributaria y laboral el lunes que requerirá de acuerdos “políticos y parlamentarios”, ya que no sólo deberá avanzar en un nuevo pacto fiscal sino que además promoverá una ley de blanqueo laboral con una reducción de los aportes patronales con la intención de máxima de generar “un millón de empleos formales”.
Una importante fuente del oficialismo en el Congreso confirmó en diálogo con periodistas parlamentarios que con la nueva composición parlamentaria, es decir después del 10 de diciembre se discutirá “la agenda tributaria” que incluye un paquete de impuestos que vencen a fin de año.
En principio, desde el oficialismo, advirtieron que si la oposición no respeta los lineamientos del proyecto de presupuesto enviado por el gobierno para 2018, el cual calificaron como “fidedigno” se mantendrá el esquema presupuestario de este año.
“El presupuesto es fidedigno, no vamos a hacer locuras, estamos abiertos a modificaciones, pero vamos a hacer grandes cambios sino conservamos el aprobado el año pasado”, dijo el legislador.
Una amplia expectativa generó el anuncio que el presidente Mauricio Macri realizará el próximo lunes de una reforma fiscal, pero desde el Congreso el oficialismo advirtió que lo que difundirá “será una agenda política no sólo parlamentaria”, ya que “muchas de las medidas requieren un acuerdo político no legislativo”.
Al respecto desde el oficialismo ya anticiparon que “en términos fiscales tenemos que perder todos, Nación y provincias, porque los que tienen que ganar son los privados para garantizar la generación de millones de puesto de trabajo”.
“Nadie puede ceder recaudación, por eso apelamos ahora a una legislación de implementación postergada”, adelantaron desde Cambiemos.
En principio, la agenda fiscal incluirá el Revalúo Contable e Impositivo, la renovación de los impuestos al cheque, a los sellos y a los ingresos brutos, que son regímenes que vencerán a fin de año.
Además se prevé avanzar con un impuesto a la renta financiera que gravaría los intereses de las personas físicas, es decir, la renta de los plazos fijos.